Por el cierre de industrias, el Estado español se vio obligado a destinar en 2005 más de 46.200.000 de euros a prestaciones para 12.000 trabajadores de 2.820 empresas en crisis. Según datos del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) la mayor parte de los expedientes de quiebra o las suspensiones de pagos de empresas españolas de la Comunitat Valenciana pertenecen a los sectores del calzado y textil.

Las crisis atravesada a lo largo de 2005 por los sectores  calzado y textil, básicamente, elevaron a 1.438 los expedientes abiertos para asistencia a empresas asentadas en la provincia de Alicante, lo que representa el 50,99% de toda la Comunitat Valenciana. En esta autonomía, el Fogasa otorga prestaciones a trabajadores de 2.820 compañías en grave situación económica.

Según un informe de la investigadora Remedios Ramón, de la Universidad de Castilla-La Mancha, -basado en datos oficiales- la situación de crisis de casi 1.500 firmas de Alicante repercute en un gasto en indemnizaciones a sus trabajadores cercano a los 20 millones de euros. Esta carga al Estado significa el 43,19% de las prestaciones con destino a la Comunitat Valenciana.

Asegura que la competencia de fabricantes de China e India sobre las comarcas zapateras y textiles ha supuesto en los últimos cinco años un salto cuantitativo de casi 15 puntos en la proporción de empresas alicantinas afectadas, frente a las de la región Valencia y Castelló.

Sin embargo, en los nueve primeros meses de 2006, los datos de desempleo apuntan hacia una significativa desaceleración de esta tendencia. Es la industria la que ahora recupera el empleo perdido en 2005 en detrimento de la construcción y los servicios. Éstos últimos han mantenido la economía en los niveles de desarrollo a cuyo crecimiento contribuía antes la baja  de la industria.

Desde la patronal Coepa, la Cámara de Comercio y la Administración autonómica se han lanzado mensajes para una reorganización de la economía provincial basados en un paulatino abandono del modelo económico.

Por su parte, la economista Remedios Ramón, sostiene que “sigue estando en vilo el futuro del patrimonio provincial y el de miles de trabajadores que esperan la pérdida de sus empleos y tener que cobrar del Fondo”.

Recientemente, un estudio de la Cámara de Comercio de Alicante concluía que el anquilosamiento en la economía tradicional y la ausencia de inversiones privadas y públicas en tecnología y en I+D constituyen una seria amenaza para la pérdida de riqueza y competitividad de la Comunitat Valenciana frente al resto de los países europeos.