|| MÉXICO: CONTRABANDO

La CICEG critica a políticos y funcionarios por inacción

Los industriales del calzado de México están exigiendo tanto a los parlamentarios como a las autoridades federales y estaduales que legislen adecuadamente para reprimir el contrabando, especialmente de calzado. Pero el tiempo pasa, no se toman las medidas adecuadas y esto produce gravísimos daños al sector. Por su inacción, los responsables políticos aparecen ante la ciudadanía como cómplices de los hechos delictivos y culpables de la pérdida de miles de puestos de trabajo.

En una conferencia de prensa, la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, CICEG,  comentó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público modificó los términos del convenio de combate al contrabando. Por esto que ahora la administración de la entidad “no tiene justificaciones o pretextos para signar el acuerdo con la federación y combatir al comercio ilegal, en especial el de calzado”

El presidente de la institución, Ing. José Antonio Salim Alle, manifestó asimismo la protesta del sector hacia la actual legislatura, por no haber integrado en los puntos de discusión y acuerdo la propuesta de ley de tipificar al contrabando como “crimen organizado”.

Reunión en Economía

El Ing. Salim Alle se reunió el pasado 16 de diciembre con el Lic. Sergio García de Alba, subsecretario de Economía, quien dio a conocer que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hizo varias modificaciones al convenio “anti contrabando” que se propone para que firmen tanto el gobierno federal como los estatales.

El dirigente del calzado indicó que son cuatro los puntos más cuestionados por los gobiernos de las entidades y que fueron modificados: facultades para que las policías locales puedan revisar mercancías en casos de sospecha, evitar “filtraciones” de información que alerten a sospechosos, capacitación a las policías estatales y dotación de infraestructura.

Ahora el gobierno del estado de Guanajuato, añadió el Ing. Salim, ya no tiene pretextos para no firmar el convenio. Destacó que ya existe un espacio que se acondiciona como centro de operaciones anti contrabando –ubicado en los que fueran los Talleres Gráficos del Estado- y se habilitarán vehículos para el transporte de mercancía decomisada.  Lo antes posible nos reuniremos con el gobernador del estado para que se firme el convenio, añadió empresario. Este convenio, explicó el presidente de la CICG, podría aportar hasta 600 millones de pesos de ingresos por conceptos de multas y decomisos al gobierno del estado. El convenio, abundó, es muy atractivo para las administraciones locales, pues el monto de infracciones y decomisos irá a parar a las arcas estatales.

Exigencia a la Lic. Rocío Ruiz

En el marco de la misma reunión, el Ing. Salim indicó que se puso como plazo a la Lic. Rocío Ruiz, subsecretaria Industria y Comercio de la Secretaría de  Economía, para que a más tardar el 15 de enero solucione o dé respuesta a la demanda de los industriales del sector de quitar aranceles a productos de proveeduría para la industria del calzado.

En septiembre pasado los industriales solicitaron que el cuero “wet blue”, productos químicos y polímeros destinados a la fabricación de calzado estén exentos de aranceles.  La funcionaria se comprometió a dar respuesta en tres meses, pero el plazo pasó y no cumplió su promesa.

El Ing. Salim Alle indicó que la propuesta de los fabricantes de calzado no es aceptada por los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria Química, por lo que es necesario discutir una solución satisfactoria para ambas partes.

Protesta contra diputados

El Ing. José Antonio Salim Alle, manifestó su inconformidad porque los diputados locales no discutieron ni aprobaron en el período ordinario de sesiones que acaba de concluir la propuesta de elevar el contrabando a “delito de crimen organizado”.

Hace un mes los industriales sostuvieron una reunión con el diputado Gustavo Enrique Madero, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, quien se comprometió a promover la aprobación de la ley.

Inicialmente, en diciembre de 2002 los entonces senadores Ricardo Alaniz y Fauzi Hamdan presentaron una propuesta para que el contrabando fuera un delito grave. La iniciativa fue “congelada” por la Cámara de Diputados en abril de este año, pero el tema fue retomado y se presentaron otras dos propuestas, una de diputados “prisitas” y otra de la legisladora “perredista” Socorro Ruiz, cuyo planteamiento retomaba parte de la primera propuesta y se consideraba como la más viable para su aprobación.

El período de sesiones concluyó y la iniciativa se mantuvo en comisiones y no pasó al pleno. Por lo anterior, los productores de la cadena proveeduría, cuero-calzado-marroquinería, manifestarán su protesta ante la actual legislatura, señaló el Ing. Salim Alle.